Por: Amy Goodman / Democracy Now!

Esta semana, los esfuerzos realizados por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, para evitar su extradición a Suecia recibieron un duro revés. La Corte Suprema de Gran Bretaña ratificó la orden de detención que había sido dictada en su contra en diciembre de 2010. Tras anunciar una decisión dividida de 5 contra 2, los magistrados sorprendieron a muchos especialistas en cuestiones jurídicas al otorgar a Assange la posibilidad de apelar su fallo. Es la primera vez que la Corte Suprema de Gran Bretaña otorga la posibilidad de reconsiderar un fallo en más de diez años. El último precedente es el famoso juicio de extradición del ex-dictador chileno, Augusto Pinochet. El fallo contra Assange fue dictado a pocos días de que se cumplan dos años del arresto del soldado Bradley Manning en Irak, por haber presuntamente filtrado a Wikileaks miles de documentos confidenciales del gobierno estadounidense. Ambos casos nos sirven para recordar que, en la mayoría de los casos, mientras los denunciantes sufren, los criminales de guerra se salen con la suya.

Assange no ha sido formalmente acusado de cometer ningún delito, y, sin embargo, ha permanecido en arresto domiciliario desde que hace casi dos años Suecia emitiera una “Orden de Detención Europea”. Es importante resaltar que la orden de detención por cargos de violación, coerción ilegal y acoso sexual no fue emitida por un juez sino por un fiscal que busca interrogar a Assange en Suecia. Por su parte, Assange ofreció reunirse con las autoridades suecas en su embajada de Londres o en Scotland Yard, pero la propuesta fue rechazada.

Assange y sus simpatizantes sostienen que la orden de detención forma parte de un intento del gobierno estadounidense para encarcelarlo, o incluso ejecutarlo, y dar de baja su sitio de denuncias. En abril de 2010, Wikileaks difundió un video del ejército estadounidense con el nombre de “Asesinato colateral”, en el que se muestra cómo un helicóptero Apache mata a por lo menos 12 civiles iraquíes, entre los que se encontraban un camarógrafo de Reuters y su chofer.

En julio de 2010, Wikileaks difundió los llamados Diarios de la Guerra de Afganistán: miles y miles de comunicaciones secretas del ejército estadounidense que exponen el registro oficial de la violenta ocupación de Afganistán, la cantidad de víctimas civiles y hechos que podrían ser catalogados como crímenes de guerra. Pocas semanas después, las autoridades suecas emitieron la orden de detención.

Hay tantas personalidades públicas estadounidenses que han llamado a asesinar a Assange que se creó un sitio web para catalogar las amenazas. El ex gobernador del estado de Arkansas, candidato a la presidencia y comentarista de Fox News, Mike Huckabee, afirmó: “Me parece que cualquier castigo inferior a la ejecución sería una pena muy ligera.” Asimismo, el prominente conservador Bill Kristol declaró: “¿Por qué no hacer uso de nuestros diversos recursos para hostigar, secuestrar o neutralizar a Julian Assange y a sus colaboradores, donde sea que estén?”.

Las amenazas de muerte proferidas por ideólogos de la derecha son una cosa. Sin embargo, lo que más preocupa a Assange de su extradición a Suecia es que ello pueda derivar en una extradición a Estados Unidos. Wikileaks también difundió lo que denominó los “Archivos de inteligencia global”, un paquete de cinco millones de correos electrónicos de una empresa privada de inteligencia a nivel mundial llamada Stratfor, cuyas oficinas se encuentran en Austin, Texas. El 26 de enero de 2011, el vice-presidente de inteligencia de la empresa, Fred Burton, escribió en un correo electrónico: “No publicar. Tenemos un auto de procesamiento secreto contra Assange. Por favor, proteger”. Si se ha dictado una orden de procesamiento en secreto, es posible que Assange sea puesto en custodia de Estados Unidos poco después de aterrizar en Suecia. En ese caso, se podrían presentar cargos contra él por espionaje (el gobierno de Obama ha invocado la ley en más ocasiones que todos los demás gobiernos anteriores juntos), lo cual podría conducir a una cadena perpetua o a la pena de muerte.

En el Reino Unido siempre se evalúan cuidadosamente las solicitudes de extradición. Prueba de ello fue la celebre cruzada del juez Baltasar Garzón con miras a procesar al ex-dictador chileno, Augusto Pinochet, por los casos de tortura cometidos durante su gobierno, entre 1973 y 1990. En base a la orden de procesamiento de Garzón, Pinochet fue arrestado durante un viaje a Londres, en 1998. Después de 16 meses de audiencias, los tribunales británicos finalmente decidieron que Pinochet podría ser extraditado a España. Tras la resolución, el gobierno británico intervino y anuló la sentencia, permitiendo a Pinochet que volviera a Chile.

Garzón es famoso por defender casos relacionados a los derechos humanos en todo el mundo siguiendo el principio de jurisdicción universal, lo cual lo llevó a procesar a Osama bin Laden por los ataques del 11 de septiembre y a investigar las denuncias de abusos contra los prisioneros de la prisión estadounidense de la Bahía de Guantánamo. Cuando Garzón inició sus investigaciones sobre los abusos cometidos durante el gobierno fascista del General Francisco Franco, quien mantuvo el poder en España durante 40 años, la derecha española inició una ofensiva en contra del juez. A principios de 2012, Garzón fue inhabilitado, hecho que puso fin a su carrera en la magistratura.

Tanto el juez Garzón como Julian Assange se enfrentaron a poderes bien afianzados, ya sea que se trate del gobierno, del ejército o de las empresas. Bradley Manning está siendo acusado por las mismas razones. Sus vidas han cambiado, en diferentes grados, para siempre. Su libertad, sus carreras y sus reputaciones han sido amenazadas o destruidas. Esta semana, Hillary Clinton hará la primera visita oficial estadounidense a Suecia en años. ¿Por qué? ¿Qué papel está jugando el gobierno estadounidense en el caso Assange? Los acontecimientos de esta semana están relacionados de manera crucial con el derecho de la población a la información y dan cuenta clara de por qué los que denuncian las prácticas ilegítimas deben ser protegidos por la ley.