«En Jalisco se empieza a notar una creciente capacidad colectiva de organización que permite mostrar el músculo ciudadano como un contrapoder»
Uno de los derechos básicos que tenemos como ciudadanos en una sociedad democrática es la participación activa e informada en torno a temas públicos que nos interesan, afectan o preocupan, no sólo por medio del voto o la presencia virtual en redes sociales, sino de la participación física, a través de la recuperación de los espacios públicos como plazas o foros de discusión, para lo cual las manifestaciones y marchas de protesta permiten hacer del conocimiento del grueso de la población y, por supuesto, de las autoridades, nuestra opinión y posicionamiento en asuntos que atañen y/o nos afectan a todos de una u otra manera.
Esta colectividad se construye a partir de cuerpos en movimiento, que dejan su carácter pasivo e inerte para tomar las calles y conformar una ola de lucha en pro de la diversidad de identidades, de los derechos humanos, civiles y laborales y en contra de los abusos, arbitrariedades e injusticia cometidas por un grupo hacia otro, es decir, el cuerpo y la mente no solo ocupan un espacio, sino que se politizan con el objetivo de encontrar soluciones a problemas comunes y, en su sentido más profundo, generar cambios y despertar consciencias.
De acuerdo con la revista Forbes (2014), las manifestaciones de protesta si logran transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales; de hecho, la protesta es parte de un elemento cultural que supone no solo una organización, sino la plena conciencia de una sociedad proactiva en democracias participativas, a través de la llamada en teoría política “desobediencia civil” que es aceptable “bajo la existencia de un Estado y/o régimen en el que no se respeten los derechos individuales, no se respeten los procedimientos democráticos y la ley pero, por otra parte, la desobediencia civil, es claramente injusta, ilegítima e inválida (…) cuando atenta contra el interés común o contra el interés legítimo de una minoría” (Humberto Schettino, 2000), de aquí que algunas manifestaciones o marchas de protesta sean ilegales desde el punto de vista jurídico pero legítimas dado el origen de la protesta que suele producirse por abusos de autoridad en la toma de decisiones gubernamentales sin consulta ciudadana previa o violación a todo tipo de derechos; razón por la cual la protesta se torna una práctica cada días más común en sociedades que exigen respuestas a conductas inadmisibles, empoderando así al ciudadano de a pie como motor de cambio.
Ocupa-ando- el Espacio
Las protestas en nuestro país no son de lo más comunes ni históricamente tradicionales salvó en la capital de la República que concentra el mayor número de habitantes, intereses, poderes, medios de comunicación y capacidad de organización -que el resto de los Estados veían con incredulidad y distancia en actitud de queja constante pero acción nula o limitada al grupo afectado-, comportamiento que se ha ido modificando en sexenios recientes dados los constantes golpes a la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos con evidencias de la vulnerabilidad de todos en cualquier sitio.
Es así que un pueblo profundamente dormido comienza tímidamente a mostrar su hartazgo de Chiapas a Guerrero, de Oaxaca a Michoacán tradicionalmente activos hasta contagiar a Monterrey, Tijuana y Jalisco ciudades económicamente importantes pero con poca presencia en las calles. En nuestro Estado, por ejemplo, se empieza a notar una creciente capacidad colectiva de organización que permite mostrar el músculo ciudadano como un contrapoder, la sociedad tapatía de la apatía, recién se da cuenta de su papel y lo ejerce cada día con mayor empatía a las causas que atentan el bien común, aunque sigan habiendo otras con el claro sello de la cultura conservadora de Occidente.
Las manifestaciones y marchas, reflejo de las inconformidades largamente silenciadas atienden a injusticias sociales, explotación y despojo de tierra y recursos, exclusión racial, violencia de género, desapariciones forzadas, asesinatos masivos, reformas injustificables, pérdida de derechos y libertades hasta molestia y ofensas por la ubicación de esculturas, camellones etc., que exponen un Estado de Derecho abusivo, ineficaz, corrupto, autoritario y profundamente injusto donde cualquiera con legítimo derecho a manifestarse arriesga su integridad y en el peor de los casos su vida; por lo cual, la existencia es vulnerada ante el miedo a las represalias o desaparición forzada.
Judith Butler teórica feminista en su texto “Cuerpos que importan” señala la relevancia de la reconsideración de los cuerpos y su presencia dentro de una dinámica de poder, así como de la presencia del “yo” y el “nosotros” en los plano discursivo, virtual y físico, su trabajo nos permite vislumbrar la importancia de la presencia y reconocimiento de nuestro yo-colectivo en un espacio de lucha de poderes y reivindicación de derechos.
En su más última visita a México en 2015 la filósofa expuso el tema “Vulnerabilidad y resistencias revisitadas” donde indica la imposibilidad de ser entes pasivos en entornos violentos y la necesidad de participar en movimientos colectivos de duelo y solidaridad ante la invisibilidad de seres cuya existencia es invivible, al verse constantemente vulnerada por parte de grupos de poder. De igual manera debe señalarse la corresponsabilidad del encuadre y contexto informativo relacionado con las manifestaciones, marchas de protesta y la violencia al regular, a través del discurso y las imágenes disposiciones afectivas que provocan una selectividad diferencial del duelo y la solidaridad y estigmatizar los movimientos clasificándolos en valía según sus intereses, cuando todos los cuerpos y manifestaciones en el espacio público importan y por ellos y sus causas colaterales están en movimiento.
Texto: Araceli Fabián.