Por: Óscar Álvarez (@ossalvarez) / Foto: philipbouchard, vestman, William Murphy.
Cuando en el año 2007 Ricardo Jiménez se hizo propietario de una casa pensó que su calidad de vida mejoraría significativamente. Hoy, a cinco años de distancia, el escenario es otro. A este técnico en informática le llevaba, todos los días, cuatro horas el trayecto redondo de su lugar de residencia, la colonia La Azucena en el municipio de El Salto; a su centro de trabajo, en la Avenida Enrique Díaz de León en la colonia Americana de Guadalajara. Con pesar comparte que, en su momento, no pensó que los traslados fueran tan prologados. Ahora el arrepentimiento por su inversión es inevitable.
Con el problema a cuestas, decidió, con mucho esfuerzo, adquirir un vehículo, pero la medida no fue exitosa. El gasto en gasolina era mucho más elevado debido a la gran distancia que recorría. “No me quedaba de otra”, comenta, “tenía que tomar dos camiones aunque fuera incómodo, inseguro por la forma en que manejan los chóferes y lento; y dejar mi carro. Utilizarlo sólo los fines de semana”. Durante 2011 el transporte público cobró 46 vidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, una cifra que las autoridades viales –destacan– fue menor al total de decesos registrado en 2010, cuando hubo 67 víctimas.
Al cuestionarle sobre las políticas de movilidad del gobierno comenta que él no ha sentido beneficio alguno. “A la mejor un Macrobús o un tren que llegara hasta el lugar dónde yo vivía me hubiera ayudado”, pero nunca sucedió. “De los candidatos, ni hablar. Todos prometen, prometen, pero no hacen nada”, dice.
Peor aún, durante las horas de ausencia en su hogar fue víctima de la delincuencia. Un día, al llegar, se dio cuenta que lo habían robado. “Se llevaron mi televisión, mi cilindro de gas, ropa, perfumes y hasta los cables de la instalación eléctrica. Pero no fui el único. La mayoría de los vecinos han sido robados”.
Ante este escenario, tomó medidas para resolver su situación. “Tuve que regresar a la casa familiar, aparte de que siempre llegaba tarde a mi trabajo, con el robo ya no hubo nada qué pensar”. Regresó a la “ciudad”. Se siente afortunado de haber tenido la posibilidad de cambiar de residencia, porque muchos de sus ex vecinos tienen que seguir habitando sus viviendas y sorteando la problemática del transporte público y de la delincuencia. No tienen opción.
Entre 2006 y 2007, el Colectivo Ecologista de Jalisco (CEJ) realizó un diagnóstico de las políticas públicas del gobierno estatal. Se produjo entonces el documento “Convertirnos en una Ciudad Sana, Accesible e Incluyente” que contenía 50 acciones para promover la movilidad sustentable en Guadalajara y que giraban entorno a cuatro propósitos principales: transporte público, movilidad no motorizada, reducción en el uso de autos y la integración de un marco legal y educación sobre movilidad, compartió Mario Silva, Director de Proyectos y Programas del organismo. Las autoridades han sido tibias al respecto.
Para el activista, donde hay una todavía una percepción negativa es en el uso del auto. Con obras como el puente atirantado, el de El Álamo y los pasos a desnivel en el anillo periférico “no hay política equilibrada en materia de movilidad” y el balance es “agridulce”. “Este gobierno le ha invertido mucho a la infraestructura vehicular. Un argumento contrario al de movilidad sustentable cuya prioridad presupuestal, normativa e institucional es el peatón, en segundo término el ciclista, luego el transporte público y en último lugar el auto particular. El único que se lleva recursos es el auto”.
Tanto organizaciones civiles como ciudadanos esperan que el tema de movilidad no se politice. Que la guerra sucia no empañe la generación de propuestas y la resolución de problemas añejos que han trascendido administraciones.
